En marzo de 2017 se dieron a conocer los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto, un esfuerzo coordinado por el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) y auspiciado por el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), que aporta datos sobre el impacto del Gobierno Abierto en México, buscando identificar y discutir los más relevantes.
Empezaré por el enfoque del estudio: ha medido más bien el esfuerzo de transparencia que de apertura gubernamental. A pesar de haberse realizado con un buen marco teórico de referencia, construir un modelo propio y escoger variables que presentaron en un anexo metodológico, los autores del estudio sólo consideraron dos componentes del gobierno abierto: la transparencia y la participación ciudadana.
Sin embargo, el gobierno abierto es mucho más que eso e incluye la apertura de procesos, así como la reorganización de los datos para ser presentados de una forma amigable y convertirlos en lo que se denomina Datos Abiertos. En tanto, la participación ciudadana implica desde la colaboración y cooperación hasta la coproducción y escrutinio permanente de los asuntos públicos por parte de los ciudadanos.
La Métrica del Gobierno Abierto 2017 acierta en medir lo que se ha hecho en México en términos de transparencia, pero aún falta mucho para decir que está midiendo el gobierno abierto.
Si bien la metodología está basada en encuadrar el documento teórico del Modelo de Gobierno Abierto adoptado por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, esto presenta serias limitaciones para medir el gobierno abierto, ya que este sistema está diseñado para evaluar los esfuerzos de transparencia gubernamental, no de gobierno abierto que es un término más amplio.
Siguiendo esta línea metodológica, se hace un esfuerzo exhaustivo al buscar medir sujetos obligados a nivel nacional. Por ejemplo, enviar 3,600 solicitudes de información y revisar sus respuestas es una tarea titánica y muy representativa de la transparencia gubernamental.
Hallazgos más destacados
Los resultados obtenidos son preocupantes. En escala de 0 a 1, México alcanza un índice de:
- 0.39 en Gobierno Abierto
- 0.50 en Transparencia
- 0.28 en Participación Ciudadana
¿Esto significa que estamos reprobados en Transparencia y Gobierno Abierto? ¿Cuál es el significado de este resultado en las políticas nacionales de transparencia y acceso a la información del sexenio?
Otro hallazgo de las 3,600 solicitudes enviadas es que sólo 70% fueron respondidas por completo, aunque por Ley deberían responderse en un tiempo límite. Por lo tanto, estas solicitudes no pueden servir como un parámetro de calidad o de impacto de la transparencia; lo sería si la información que entregaron fuera de alta calidad y verdaderamente una respuesta a la solicitud enviada.
En el subíndice de transparencia, el resultado más preocupante es el de Datos Abiertos con 0.05. Si partimos del hecho de que la apertura de los datos es el mecanismo más importante para implementar el gobierno abierto, este hallazgo nos demuestra que en México es necesario trabajar mucho más para lograr construir el gobierno abierto.
De acuerdo con los autores del estudio, “un hallazgo de la métrica es que los ciudadanos enfrentan dificultades para activar los mecanismos de participación existentes”. ¿Qué significa “activar mecanismos”? ¿Participar en ellos? ¿Los conocen? ¿Quieren los ciudadanos participar en estos mecanismos?
Panorama de transparencia y gobierno abierto
Los hallazgos nos muestran un panorama poco alentador de lo que se ha hecho en políticas de transparencia gubernamental en México. A pesar de contar con una institución nacional como el INAI y los órganos garantes en los estados y municipios –con lo que ello implica en gasto y uso de recursos humanos–, la métrica realizada por el CIDE demuestra que se ha avanzado muy poco en lograr la transparencia que nos lleve al gobierno abierto.
Algunas limitaciones que encontré en la investigación podrían ayudar a entender por qué esta métrica requiere aún perfeccionarse para ser más precisa en sus objetivos. Por ejemplo, es interesante que los municipios analizados por el estudio obtuvieran mejores calificaciones que los estados en materia de participación ciudadana. Los autores lo atribuyen a su “cercanía” con los ciudadanos; otra interpretación puede ser la dimensión poblacional, pues no es lo mismo lograr la participación de una estructura a nivel estatal que una municipal. En este sentido, muchos ciudadanos entienden la palabra “gobierno” sin distinción y les da lo mismo que sea federal, estatal o municipal; por lo tanto, es más cuestionable la cercanía que la dimensión poblacional.
En la medición sobre sujetos obligados con la mayor calificación de Gobierno Abierto por entidad federativa, me parece difícil comparar en igualdad de circunstancias secretarías de estado de distintas ramas, con secretarías estatales y con municipios. Por ejemplo, se comparan Secretarías de Salud (AGS), Secretaría de Educación (COAH) y Secretaría de Seguridad (Colima) con municipios (Ensenada y Coyoacán) y secretarías de Estado como la Procuraduría General de la República, cuando es evidente que tanto los recursos financieros y humanos son distintos en cada uno de ellos, como sus objetivos y su necesidad de transparentar los recursos. Resulta difícil comparar, como iguales, los recursos humanos y financieros federales destinados a transparencia, con los recursos destinados a nivel municipal.
En suma, la Métrica de Gobierno Abierto 2017 ubica en su contexto real los esfuerzos de transparencia en México. A pesar de tanto dinero invertido en este tema, el estudio del CIDE demuestra su fracaso en términos del gobierno abierto y abre la posibilidad real de cambiar de dirección en los esfuerzos por abrir al gobierno mexicano.
El reporte puede consultarse en esta dirección electrónica:
http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/ReportedeResultadosMetricafeb17.pdf