La corrupción está en boca de todos. De acuerdo a las bases de datos del Universal y Reforma, en lo que va de la actual administración, ha habido 33,708 artículos que mencionan la palabra corrupción. Para el mismo periodo en la administración anterior, hubo 14,362 menciones, durante la presidencia de Vicente Fox, hubo 18,063 menciones. Esto no quiere decir que la corrupción está peor ahora que entonces, pero sí indica que como país estamos cayendo en cuenta de lo grave de la problemática.

No es para menos. México lleva más de 20 años estancado en el combate a la corrupción. Desde 1995 México ha reprobado el Índice de Percepción de la Corrupción, con una calificación inicial de 32/100 y hoy de 35/100. Lo más preocupante quizá es que las respuestas de política pública no han tenido resultados. La apertura democrática a otros partidos políticos sirvió de poco remedio. Así mismo, renovadas y robustecidas funciones para instituciones como la Secretaría de la Función Pública, nuevas dependencias como el Instituto Nacional de Acceso a la Información – el INAI, políticas torales como el Servicio Profesional de Carrera o la Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos no han servido de mucho para aliviar la enfermedad de la corrupción.

Ante un panorama tan desesperanzador pareciera que hay poco por hacer. Y sí, esa es una opción. La otra, es que los ciudadanos utilicemos las herramientas que tenemos para empujar al país y la clase política al cambio real. Esto es lo que pretende la #Ley3de3. Esta ley pone los cimientos necesarios para la construcción de instituciones capaces de combatir la corrupción. La ley comprende de 94 artículos que combaten la corrupción a través de mecanismos efectivos de prevención, investigación, denuncia, y establece sentencias reales y alcanzables.

Por ejemplo, de ser aprobada, la #Ley3de3 crearía un registro público de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de los funcionarios. Estas tres declaraciones se subirían a un sistema electrónico que automáticamente checaría irregularidades, en vez de estar guardadas en un archivo como lo son actualmente. Por otro lado, facilitaría la denuncia de actos de corrupción a través de las denuncias anónimas, obligando la protección de los denunciantes y la denuncia de los servidores públicos que sepan algo, y hasta dando incentivos económicos a los que provean información útil a la autoridad. Quizá lo más importante es que la ley define qué es la corrupción. Por increíble que parezca, la ley actual no tiene esa definición, lo cual dificulta la investigación y la sentencia de los actos de corrupción. Con sus 10 tipos de corrupción, la #Ley3de3 finalmente enmarca legalmente qué es la corrupción y así nos da un arma real para combatirla.

Pero no sólo es la oportunidad de tener un impacto en materia de corrupción, la #Ley3de3 es también muestra que la organización colectiva puede tener un cauce democrático. Hay que recordar que la ley fue redactada completamente por ciudadanos, llegó al Senado gracias a las firmas de 120,000 ciudadanos, y sienta a ciudadanos en la mesa con legisladores. Esto por sí solo ya es un hito. En un país con una aprobación de la democracia del 19%, el más bajo en la región, el tener un modelo de co-creación ciudadana-política de leyes, puede representar una nueva forma de hacer política. No sólo se trata de crear de instituciones anticorrupción eficaces, sino también la regeneración de confianza en lo público. Esa confianza que es un ingrediente esencial para el éxito de la política pública y de la democracia en general.

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La Ley 3 de 3: Una oportunidad para nuestra democracia
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